Por: Iván Oliver
Rugeles
Una vez más reiteramos que la lucha contra la corrupción no se combate con retórica, con el discurso persistente que anuncia batallas contra los corruptos y todo se queda en sólo palabras cargadas de buenas intenciones.
Hemos dicho mil veces que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a los traficantes de drogas, es decir, con la puesta en práctica de una política anticorrupción clara e implacable que contemple en sus estrategias de investigación, las “tareas de inteligencia”, porque no hay corruptos, salvo que sean eunucos, que dejen rastros de sus impudicias. El ladrón del erario público se agencia mecanismos de todo tipo para lograr su cometido de manera subterránea y para ello se aviene con terceros, es decir, con aquellos que integran lo que se denomina el “sector privado” y casi siempre con el respaldo de personas de sus propios entornos de trabajo, de donde se infiere que hay allí una planificación muy bien pensada y estudiada para delinquir, sin ningún tipo de riesgos, sólo aquél que queda a merced del comportamiento posterior de quienes se concertaron para incurrir en el delito. Es por todo ello que hemos llegado al convencimiento de que este tipo de delincuencia se asemeja mucho a la que gira entorno a la droga y, como tal, hay que enfrentarla.
Es así como funciona la estructura que se pone en marcha para meterle mano a los bienes y fondos públicos. El modus operandi se gestiona por dos vías: la llamada matraca o el soborno y en ambos casos los pagos se acuerdan en dinero en efectivo, generalmente, pero también se paga con bienes de otro tipo: quintas, apartamentos, vehículos de lujo, tarjetas de crédito prepagadas, etcétera, que les son entregados, las más de las veces, a testaferros, aun cuando pareciera que esa precaución un tanto riesgosa, sin duda, ha venido siendo descartada, debido a que la impunidad campea a sus anchas, lo cual hace que el corrupto deje de guardar temor alguno y opte por llegar hasta el final, sin tener que estar rastreando apañadores confiables, lo cual le supone, además, “altos costos”.
La diferencia entre ambas opciones activadoras radica en que la primera, la matraca, la utiliza el funcionario público, quien por sí mismo o través de un tercero (compinche) le exige una comisión o, también llamada “coima” o “mordida”, al comerciante o contratista que ha sido seleccionado como proveedor de bienes o servicios, a cambio de garantizarle que no será sustituido por otro y cuando ocurre que ese proveedor se ha ganado limpiamente la buena pro (licitación), para asegurarle que su contrato no se engavetará y que se tramitará en el término de la distancia, así como los trámites posteriores de los pagos correspondientes. En cuanto al segundo, el soborno, ocurre que quien ofrece (en este caso es usual recurrir a los vocablos “regalo” u “obsequio”), es el ciudadano de la calle, al funcionario público.
Pero, siempre, sea cual fuere la vía para incurrir en el desaguisado, estará presente la complicidad activa o pasiva de funcionarios subalternos, es decir, de aquellos que se arriesgan sólo si se les incluye en el reparto de la “coima” (los que calificamos como activos) y, otros, los que denominamos como pasivos, son los que en absoluto ponen trabas para que el hecho irregular se cometa y más bien lo facilitan por temor a ser despedidos. La conducta de estos últimos, por supuesto, es tan condenable como la de los primeros.
Es así como se le roba al Estado, sobre la base de una hábil y concertada decisión de hacerlo, necesariamente entre, al menos, dos partes: el funcionario público y el ciudadano del común, ese que es parte de la llamada “sociedad civil”.
Hay en entorno a esos delincuentes de cuello blanco historias de historias, quizás en su mayoría sin prueba alguna que demuestre que fulano o zutano se hizo rico cuando ocupó tal cargo público. Pero no deja lugar a duda alguna llegar a esa conclusión, como lo decía el domingo pasado el presidente Chávez, refiriéndose al caso de los banqueros agarrados con la manos en la masa, cuando vemos que quien hasta ayer nomás era un ciudadano que vivía de su sueldo de manera muy modesta y hoy, luego de haber estado o estar desempeñando un determinado cargo público, vive en costosa morada, aparca en el estacionamiento de su impactante vivienda, no uno sino varios vehículos de alto lujo, es propietario de caballos, tiene avionetas y, además, lo vemos que suele salir de viaje de forma reiterada con familia completa y hasta con amigos hacia al exterior en viaje de placeres.
Es por ello que se necesita una labor de zapa para detectar a esos delincuentes y, por supuesto, de unos organismos de control pro activos y con voluntad de coadyuvar a una lucha persistente y seria contra los corruptos de toda estirpe, aplicando con el mayor rigor los mecanismos que, para librar esa lucha, les estipulan las leyes y reglamentos, entre los cuales destacan, por su relevante importancia, la posibilidad real y muy específica que tienen de examinar, sin limitante alguna, las declaraciones juradas de patrimonio que todo funcionario público debe formular ante la Contraloría General, así como abrir investigaciones por “oficio”, lo cual ofrece la gran ocasión para que se actúe frente, por ejemplo, a indicios de relevante significación, como puede ser la vida dispendiosa y ostentosa de un funcionario, cuyo modesto sueldo no la justifica.
Sobre el particular hay que tener en cuenta, como lo ha reiterado el presidente Chávez, que un simple indicio puede conducir a destapar un hecho de corrupción, por lo que no vemos razón valedera alguna para que los órganos de control sustenten de forma terca la tesis de que sólo abrirán investigaciones cuando quien formula la denuncia presente las pruebas correspondientes. Eso, al menos, en nuestro criterio, es un bochornoso desatino de quien así piensa, pues, como ya lo hemos dicho, es una realidad incuestionable que quien le roba al Estado hace todo lo imposible para evitar dejar huellas.
El morbo de la corrupción destruye las instituciones de manera inexorable y ante esa verdad universal, hay que actuar ya y de forma implacable, antes de que sea demasiado tarde.
Hemos dicho mil veces que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a los traficantes de drogas, es decir, con la puesta en práctica de una política anticorrupción clara e implacable que contemple en sus estrategias de investigación, las “tareas de inteligencia”, porque no hay corruptos, salvo que sean eunucos, que dejen rastros de sus impudicias. El ladrón del erario público se agencia mecanismos de todo tipo para lograr su cometido de manera subterránea y para ello se aviene con terceros, es decir, con aquellos que integran lo que se denomina el “sector privado” y casi siempre con el respaldo de personas de sus propios entornos de trabajo, de donde se infiere que hay allí una planificación muy bien pensada y estudiada para delinquir, sin ningún tipo de riesgos, sólo aquél que queda a merced del comportamiento posterior de quienes se concertaron para incurrir en el delito. Es por todo ello que hemos llegado al convencimiento de que este tipo de delincuencia se asemeja mucho a la que gira entorno a la droga y, como tal, hay que enfrentarla.
Es así como funciona la estructura que se pone en marcha para meterle mano a los bienes y fondos públicos. El modus operandi se gestiona por dos vías: la llamada matraca o el soborno y en ambos casos los pagos se acuerdan en dinero en efectivo, generalmente, pero también se paga con bienes de otro tipo: quintas, apartamentos, vehículos de lujo, tarjetas de crédito prepagadas, etcétera, que les son entregados, las más de las veces, a testaferros, aun cuando pareciera que esa precaución un tanto riesgosa, sin duda, ha venido siendo descartada, debido a que la impunidad campea a sus anchas, lo cual hace que el corrupto deje de guardar temor alguno y opte por llegar hasta el final, sin tener que estar rastreando apañadores confiables, lo cual le supone, además, “altos costos”.
La diferencia entre ambas opciones activadoras radica en que la primera, la matraca, la utiliza el funcionario público, quien por sí mismo o través de un tercero (compinche) le exige una comisión o, también llamada “coima” o “mordida”, al comerciante o contratista que ha sido seleccionado como proveedor de bienes o servicios, a cambio de garantizarle que no será sustituido por otro y cuando ocurre que ese proveedor se ha ganado limpiamente la buena pro (licitación), para asegurarle que su contrato no se engavetará y que se tramitará en el término de la distancia, así como los trámites posteriores de los pagos correspondientes. En cuanto al segundo, el soborno, ocurre que quien ofrece (en este caso es usual recurrir a los vocablos “regalo” u “obsequio”), es el ciudadano de la calle, al funcionario público.
Pero, siempre, sea cual fuere la vía para incurrir en el desaguisado, estará presente la complicidad activa o pasiva de funcionarios subalternos, es decir, de aquellos que se arriesgan sólo si se les incluye en el reparto de la “coima” (los que calificamos como activos) y, otros, los que denominamos como pasivos, son los que en absoluto ponen trabas para que el hecho irregular se cometa y más bien lo facilitan por temor a ser despedidos. La conducta de estos últimos, por supuesto, es tan condenable como la de los primeros.
Es así como se le roba al Estado, sobre la base de una hábil y concertada decisión de hacerlo, necesariamente entre, al menos, dos partes: el funcionario público y el ciudadano del común, ese que es parte de la llamada “sociedad civil”.
Hay en entorno a esos delincuentes de cuello blanco historias de historias, quizás en su mayoría sin prueba alguna que demuestre que fulano o zutano se hizo rico cuando ocupó tal cargo público. Pero no deja lugar a duda alguna llegar a esa conclusión, como lo decía el domingo pasado el presidente Chávez, refiriéndose al caso de los banqueros agarrados con la manos en la masa, cuando vemos que quien hasta ayer nomás era un ciudadano que vivía de su sueldo de manera muy modesta y hoy, luego de haber estado o estar desempeñando un determinado cargo público, vive en costosa morada, aparca en el estacionamiento de su impactante vivienda, no uno sino varios vehículos de alto lujo, es propietario de caballos, tiene avionetas y, además, lo vemos que suele salir de viaje de forma reiterada con familia completa y hasta con amigos hacia al exterior en viaje de placeres.
Es por ello que se necesita una labor de zapa para detectar a esos delincuentes y, por supuesto, de unos organismos de control pro activos y con voluntad de coadyuvar a una lucha persistente y seria contra los corruptos de toda estirpe, aplicando con el mayor rigor los mecanismos que, para librar esa lucha, les estipulan las leyes y reglamentos, entre los cuales destacan, por su relevante importancia, la posibilidad real y muy específica que tienen de examinar, sin limitante alguna, las declaraciones juradas de patrimonio que todo funcionario público debe formular ante la Contraloría General, así como abrir investigaciones por “oficio”, lo cual ofrece la gran ocasión para que se actúe frente, por ejemplo, a indicios de relevante significación, como puede ser la vida dispendiosa y ostentosa de un funcionario, cuyo modesto sueldo no la justifica.
Sobre el particular hay que tener en cuenta, como lo ha reiterado el presidente Chávez, que un simple indicio puede conducir a destapar un hecho de corrupción, por lo que no vemos razón valedera alguna para que los órganos de control sustenten de forma terca la tesis de que sólo abrirán investigaciones cuando quien formula la denuncia presente las pruebas correspondientes. Eso, al menos, en nuestro criterio, es un bochornoso desatino de quien así piensa, pues, como ya lo hemos dicho, es una realidad incuestionable que quien le roba al Estado hace todo lo imposible para evitar dejar huellas.
El morbo de la corrupción destruye las instituciones de manera inexorable y ante esa verdad universal, hay que actuar ya y de forma implacable, antes de que sea demasiado tarde.
oliverr@cantv.net
Fuente: de Aporrea
